Los ultrajes a la bandera y al
himno de España son un delito, dice Esperanza Aguirre. Tan preocupados estamos
por lo simbólico que no acertamos a ver lo real. Visto como está España, que
hinchas del fútbol piten al principito cuando suene el himno español en un
partido de fútbol huele a anécdota, atufa a oportunismo, es enemigo
fácil.
Se comprende que es más incómodo
entrar a fondo en el perjuicio que provocan, entre otros, los propios negocios futbolísticos, como los del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que en 2009
solo pagó 49 euros en su declaración de la renta porque a pesar de ser una de
las grandes fortunas de este país tiene bien guardado el dinero en una SICAV,
un paraíso fiscal que se ampara en una fórmula jurídica para pagar solo el 1% de
los impuestos. Con el beneplácito, no olvidemos, de los socialistas.
Lástima que se pueda actuar para
frenar una pitada en las gradas del Bernabeu, y no para evitar que se coloque a un imputado por falsedad contable, político socialista, al frente de Bancaja. O, curioso, que la mayoría de los
miopes de este país, no eleve la voz para exigir que el pez gordo del Consejo
General del Poder Judicial deje de ser un intocable más. Un elemento que puede permitirse
el atrevimiento de pagar con dinero público fines de semana en Marbella en
hoteles de hasta 850 euros la noche sin justificación, como así certificó ayer
el informe fiscal que le exoneró.
Qué
decir de aquellos que asisten sin inmutarse al asombroso caso de la exdirectora general de la Caja de Mediterráneo (CAM),
María Dolores Amorós, que después de arruinar la entidad se puso un sueldo de
370.000 euros para toda la vida.
La lista es infinita, como
aquella Cantabria de Marcano. Tenemos el caso Maquillaje, el caso Gurtel, el
caso Noos; un delegado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo acusado de
tráfico de armas, el director del Teléfono de la Esperanza imputado por abusos
sexuales y, entre otros fenómenos paranormales, el alcalde de IU de un pueblo de Málaga trabajando para la mafia rusa.
Y, el colmo de los colmos. Los directivos de la oficina antifraude de Cataluña que en ocho meses han hecho
diez viajes internacionales a destinos como Hong Kong, Tanzania, Eslovenia,
Albania y Ecuador, no se sabe muy bien a qué.
De remate, en Cantabria se
suscita un conflicto con la matanza de unas cabras villanas, operación –al
parecer- en manos de un comando chapucero de los GAL; porque los autores,
indiscriminadamente, se han cargado también a las que tenían dueño. Como para
salir a conquistar Gibraltar.
Tras
este breve paseo por la realidad, da la sensación de hay muchas conductas, sino
delictivas, al menos, deleznables, que combatir. Cuaja la certeza de que la palabra
delito se ha utilizado con demasiada ligereza en el asunto de la pitada de la
grada. Es más, hace
tres años el Juzgado de
Instrucción número 1 de la Audiencia, que dirigía Santiago Pedraz, dictaminó
que no es delito pitar al Rey porque está amparado por la libertad de expresión. Algunos políticos desayunan demasiados bífidus.
