Todos
los días, a las once de la mañana, la librería del Ministerio de Defensa cierra
la media hora de café que se toma su responsable, una señora que trabaja de
nueve a dos. Es un tentempié matinal difícil de digerir para el común de los
ciudadanos. Pero si miramos para otro lado, hay algo obsceno en esas escenas de
vacaciones en el mar de Marivent, donde la familia real flota indolente al
calor del verano en yates de lujo y Sofía va de compras y conduce un Mercedes por las calles de
Mallorca.
Dicen
que han renunciado a utilizar el megayate Fortuna –no iba a llamarse Pobreza-
porque llenar el depósito cuesta 26.000 euros, osea 65 subsidios para parados sin
paro de los que se quiere cargar Rajoy. Y se han dado cuenta ahora del
despilfarro, cuando han estado años tirando de la gasolina pública.
Lo
más hilarante es que para aparentar falsa austeridad dicen que navegan en un
ejemplar más modesto que rebajan al calificativo de lancha, a pesar de que en
la proa cabe y sobra toda la prole de Urdangarín, siempre dando ejemplo. Si
Iñaki no dimite de yernísimo, la alcaldesa de Alicante tampoco piensa dimitir si
se confirma su imputación por tres delitos graves: Cohecho, tráfico de
influencias y revelación de información privilegiada. En ese lado oscuro del Mediterráneo,
a los hijos políticos de Camps y Fabra, no les parecen razones suficientes. Si
hasta ha hecho falta un mandado judicial -contra el deseo de Rita Barberá- para
que, treinta y seis años después de muerto, el dictador Franco deje de ser
alcalde honorífico de Valencia.
En
la capital del reino, Moliner empieza con mal pie en el Supremo: Invitando a
comer al ministro Gallardón en el comedor construido por Dívar en la sede
judicial y que no llegó a estrenar, con tanto ajetreo marbellí. Algún día el paranormal fenómeno Iker
Jiménez podrá desvelar el enigma de por qué esta gente no puede reunirse en
horario de trabajo y comer en su casa -a quienes le espere allí un plato, que cada
día más recurren al comedor social-.
Tantos
indicios de confianza en el país generan una réplica bipolar interna: Entre los
pobres, incrementan la indignación; y entre los ricos, la fuga de capitales. En
seis meses acaudalados ciudadanos de toda condición han sacado de España 163.000
millones.
El
Comité de Derechos Económicos de la ONU asegura que la congelación del salario
mínimo no permite un nivel de vida digno en España. Pero no pasa nada. La reina
y sus nietos al sol de Marivent; Urdangarín en su palacete de Pedralbes;
Moliner y Gallardón de sobremesa; el Gobierno de Cantabria encargando otro
informe, y otro, y otro, así hasta que uno le de la razón y se puedan volver a
abrir las cuevas de Altamira; Ángel condenado a vivir sin Paquita tras cumplirse
la amenaza de un inútil y desconcertante exilio a Laredo; y pregonamos
orgullosos que la Fundación Comillas tendrá una academia del agua, precisamente
cuando el proyecto hace idem.
Todavía
hay quien saca pecho y abunda en el descrédito. “En Cantabria no hay muertos
que tengan su tarjeta sanitaria activa”, se felicitan quienes mandan. Lo grave
es que hay vivos que tampoco la tienen.
