El
partido de Gobierno dice que el juez Pedraz es un indecente pijo ácrata, por afirmar
que la clase política está en decandencia –si no lo estaba, ya lo está tras
pronunciar estas descalificaciones ayer un diputado del PP-, y por no imputar a
los cabecillas del 25-S que es, en origen, el verdadero problema de estos
señores: Que el auto del magistrado no les ha dado la razón.
Las
sentencias y pronunciamientos judiciales hay que acatarlos con independencia de
la satisfacción personal que nos producen. Se puede discrepar de ellos, pero no
con esos términos tan soeces, desacreditando al juez en vez de rebatir los
argumentos del auto, porque se corre el riesgo de incurrir en lo mismo que se pretende
denunciar.
Más
grave es el hecho de que la crítica salga por boca de un señor –el diputado del
PP Rafael Hernando- conocido ya por su comportamiento poco edificante, como
puso de manifiesto cuando hace unos años, en 2005, intentó agredir a Rubalcaba
al término de una comisión parlamentaria.
Pero
lo realmente alarmante es que el vodevil pone en evidencia el escaso respeto
del actual Gobierno por la división de poderes del Estado. Hasta tal punto, que
el ministro del Interior y la delegada del Gobierno desde el minuto cero imputaron
públicamente -por su cuenta y riesgo- de un delito contra las instituciones del
Estado a los cabecillas del 25-S que, finalmente, el juez –el único que tiene
potestad para hacerlo- dictó que no era tal, con una serie de argumentos que
ahora se esconden tras esa alusión, probablemente poco adecuada pero a la vista
está que certera, sobre la decadencia de la clase política.
Así,
durante estos días, los poderes ejecutivo y legislativo –concretamente el señor
Hernando, depositario de la soberanía nacional de la que tanto presume desde su
escaño- han interferido con increíble y absoluto desparpajo en
decisiones que atañen al poder judicial, sobre el que intentan influir con un
descaro impropio de un país democrático.
Para
aderezar aún más el sainete, la presunta defensora del Pueblo –también del Partido
Popular- la ex ministra Soledad Becerril, se estrena pretendiendo actuar contra
el juez. Lo que pone en evidencia que aún no se ha estudiado con el debido
rigor las competencias de su cargo y, por tanto, desconoce que su deber es
defender los derechos de los ciudadanos, no los intereses políticos del
gobierno de turno o de la clase política.
En
boca de Hugo Chávez, los calificativos intimidatorios que lanzó ayer el diputado
popular al juez de la Audiencia Nacional, serían un escándalo internacional. Lo
cierto es que coloca una vez más en el escaparate del ridículo y el descrédito
a toda la clase política que hoy le aplaude con calculado corporativismo,
puesto que todos naufragan en el mismo mar.
Guindos
se cae del idem y dice ahora que España no necesita un rescate, el alcalde de
Noja dice que su sueldo de dos mil euros es lo que cobra una asistenta, Roma
prohibe comer y beber en las calles del casco histórico y los obispos se manifiestan
por la unidad de España. Y, ojo, que lo mismo mañana 'modulan' a Pedraz y se
acaba la rabia.
